Doble Estandar (no es mio)
Etica y derechos humanos
Carlos López Dawson*
Piñera patrocinó en 1995 un proyecto de amnistía general para las violaciones de derechos humanos cuyo resultado, de haberse aprobado, habría significado la consagración definitiva de la impunidad total de los crímenes de Estado. Como Senador de la República Piñera sabía que ningún proyecto de ley nacional aún bajo el pretexto de solucionar los problemas pendientes en materia de derechos humanos, puede contemplar una norma que signifique negar a las familias de las víctimas, a la sociedad y al propio Estado el derecho a juzgar delitos graves contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al derecho humanitario, considerando que las víctimas lo fueron debido a la aplicación de una política de Estado que utilizó todos los métodos posibles, violando todas las normas nacionales e internacionales de protección de las personas, incluidas las de derecho humanitario, aplicables en caso de conflicto armado como el que existía según las normas nacionales dictadas por la dictadura de Pinochet. El deber del Estado democrático y por lo tanto de la institucionalidad es promover la justicia y ayudar a someter a juicio a estas personas, para que se haga justicia y se establezca la verdad. El derecho a la justicia es irrenunciable y es un deber del Estado respetarlo. Del mismo modo lo es la igualdad ante la ley, recogida en numerosos instrumentos internacionales. Es necesario tener presente estos principios y normas internacionales, normas de jus cogens, al legislar sobre soluciones a los derechos humanos pendientes. Los derechos humanos y el derecho a la justicia, entre ellos, constituyen un imperativo para el Estado de Derecho y la base sobre la cual se construye una sociedad verdaderamente democrática y fundada en , el respeto de los derechos de todos. Cualquier compromiso que signifique la impunidad además de promover la injusticia y la renuncia del Estado a sus obligaciones, colocaría al Estado de Chile al margen de la legalidad internacional. Eso es algo que cualquier dirigente político debiera saber.
* Abogado, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana.
Carlos López Dawson*
Piñera patrocinó en 1995 un proyecto de amnistía general para las violaciones de derechos humanos cuyo resultado, de haberse aprobado, habría significado la consagración definitiva de la impunidad total de los crímenes de Estado. Como Senador de la República Piñera sabía que ningún proyecto de ley nacional aún bajo el pretexto de solucionar los problemas pendientes en materia de derechos humanos, puede contemplar una norma que signifique negar a las familias de las víctimas, a la sociedad y al propio Estado el derecho a juzgar delitos graves contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al derecho humanitario, considerando que las víctimas lo fueron debido a la aplicación de una política de Estado que utilizó todos los métodos posibles, violando todas las normas nacionales e internacionales de protección de las personas, incluidas las de derecho humanitario, aplicables en caso de conflicto armado como el que existía según las normas nacionales dictadas por la dictadura de Pinochet. El deber del Estado democrático y por lo tanto de la institucionalidad es promover la justicia y ayudar a someter a juicio a estas personas, para que se haga justicia y se establezca la verdad. El derecho a la justicia es irrenunciable y es un deber del Estado respetarlo. Del mismo modo lo es la igualdad ante la ley, recogida en numerosos instrumentos internacionales. Es necesario tener presente estos principios y normas internacionales, normas de jus cogens, al legislar sobre soluciones a los derechos humanos pendientes. Los derechos humanos y el derecho a la justicia, entre ellos, constituyen un imperativo para el Estado de Derecho y la base sobre la cual se construye una sociedad verdaderamente democrática y fundada en , el respeto de los derechos de todos. Cualquier compromiso que signifique la impunidad además de promover la injusticia y la renuncia del Estado a sus obligaciones, colocaría al Estado de Chile al margen de la legalidad internacional. Eso es algo que cualquier dirigente político debiera saber.
* Abogado, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana.
publicadas por sobrevivo a la/s
6:28 a. m.
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